VEINTICINCO AÑOS DE LA LEY DEL JURADO

El veintitrés de mayo de 1995 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Son ya, por tanto, veinticinco años los que avalan la práctica de una ley a la que le caracteriza ser una ley para y por la participación ciudadana en la Administración de justicia (artículo 125 de la Constitución) a pesar de ser bastantes los descalificativos de que ha sido objeto y muy pocas las lisonjas que se le han dispensado.

Con la ley del jurado de 1995 desaparece cualquier vínculo con un modelo inquisitivo de proceso penal como el que se regula aun en la vigente ley de enjuiciamiento criminal ya que conviene recordar que en España el proceso penal “responde a un sistema formal mixto, ya que, estructurado el proceso en dos fases principales, la decisiva (fase de plenario o juicio oral) es claramente contradictoria (oral y pública), mientras la anterior (sumario o fase de instrucción), escrita y secreta, podría considerarse inquisitiva, aunque con la notable particularidad de que este juez inquisitor no dicta sentencia” (DE LA OLIVA SANTOS).

Pero, al propio tiempo, la ley del jurado de 1995 pretende no asociarse con el modelo de jurado escabinado a pesar de la más que evidente colaboración del jurado con el magistrado que lo preside al tener que asumir y aceptar su objeto de veredicto -el que elabora el magistrado que preside el jurado- sobre el cual (y sólo sobre él) ha de decidir el jurado por lo que nuestro modelo de jurado respondería en gran medida a las características de un jurado escabinado entendido como un sistema de colaboración entre magistrados profesionales y ciudadanos en el que en el momento de dictar sentencia el tribunal escabino, no distingue entre el hecho y el derecho (“un systeme de collaboration de magistrats professionnels et de laïcs à l´intérieur d´une juridiction: cependant, il n´y a pas ici de distinction entre le fait et le droit car la décisión est rendue par le collège de tous les juges, professionnels ou non”. HABSCHEID) y en el que “no es difícil imaginar, en este sentido, que un juzgador lego en el seno de un tribunal escabinado puede sentirse presionado para seguir el criterio del juez profesional y la prevalencia (la voz cantante”, si se admite la expresión coloquial) de los jueces profesionales frente a los no profesionales” (GASCÓN INCHAUSTI, SÁNCHEZ LÓPEZ).

En España, el jurado se integra en un Tribunal y se justifica en el convencimiento estrictamente fáctico -“según su conciencia”, dice el artículo 741 de la ley de enjuiciamiento criminal- de sus miembros respecto a la corrección y modo en que se enjuician exclusivamente hechos tipificados como delitos e indicados como competencia del jurado en la ley del jurado.

La oportunidad y conveniencia de introducir el jurado posee, como ha quedado indicado, justificación constitucional. Es la Constitución la que expresamente obliga a los poderes públicos a su introducción como respuesta a la necesidad de hacer efectivo el derecho constitucionalmente reconocido de tutela judicial efectiva incorporando al momento de juzgar a ciudadanos en base al deseo, sin duda, confesado de allegar sensibilidades diferentes caracterizadas sobre todo por la diversidad de enfoques.

Pero, no todos los países reunen las condiciones adecuadas como para poseer en su sistema jurídico una institución como la del Jurado. Seamos sinceros. El jurado sólo existe en sociedades en las que, aparte de poseer un acusado sentido democrático -hecha abstracción de las falsas democracias de justificación populista o totalitaria-, sus ciudadanos han alcanzado un suficiente discernimiento propio de la existencia de un “Estado del bienestar” como para poder, además, opinar con relevancia respecto de un “juicio fáctico”. Pero, no con base o justificación de un “juicio jurídico”. En modo alguno. Se alude a la capacidad del jurado de discernir sobre hechos. Simplemente hechos. Un discernimiento exclusivamente fáctico y que supone, a su vez, la facultad de los jurados para valorar los hechos empleando el sentido común y la experiencia humana (VÉLEZ RODRÍGUEZ).

Quizás una de las jocosidades más utilizadas por los antijuradistas en España consista en el deseo, ciertamente patológico, de situar en el centro de sus críticas a un ciudadano -el español- al que se desea mostrar como incapaz de discernir sobre hechos lo que justificaría la desaparición del jurado como Tribunal penal. Y, mientras esa situación no se produzca, conviene parodiarlo como “jurado popular”. Es el argumento [o frase] antijuradista más acorde respecto de quienes son contrarios a la existencia del jurado en el proceso penal. También se ha indicado que históricamente “se acudió al pueblo porque no había otra alternativa más razonable. Si la hay, desde luego parece preferible acudir a otras soluciones que no pasen por negar el oficio de juzgar a quien ha sido formado para ello” (NIEVA FENOLL). Semejante proposición -dicho sea de paso, sumamente antijuradista- desvinculada ya de justificaciones históricas que avalarían el origen del jurado, respondería en el momento presente a la recurrente pregunta que se le puede hacer a un niño acerca de a quién quiere más a papa o a mama. Por lo que existiendo alternativas -ya no entro en que sean más o menos razonables. A tanto no me atrevo- por qué no asumirlas más aún cuando para el “oficio de juzgar” (NIEVA FENOLL) no se precisa de ningún tipo de formación jurídica como es el caso de quién actúa como jurado que, obviamente, no la posee.

Pero, retrotraigámonos a la vigente ley del jurado que ya ha cumplido veinticinco años. O sea, un cuarto de siglo. La ley del jurado contempla la regulación de aspectos “orgánicos” conjuntamente con los “funcionales”. En el primer aspecto, se alude al Tribunal del jurado compuesto por nueve jurados y dos suplentes, más el magistrado que lo preside integrante de la carrera judicial. Sus atribuciones se proyectan en el exclusivo ámbito del proceso penal. La constitución “orgánica” del Tribunal del Jurado supone tener en cuenta además que, en relación con sus integrantes, se va a establecer un régimen de incompatibilidades, prohibiciones y excusas para ser jurado; que el jurado es llamado en base a las listas censales y reclutado mediante sorteo y que la constitución del Tribunal del jurado se hace depender de la fijación de un período de sesiones (artículo 17 de la ley del jurado).

Desde el punto de vista “funcional” -o atinente a la existencia de un proceso penal con jurado-, los jurados emiten el veredicto sobre la declaración de hechos probados y proclamación de culpabilidad e inculpabilidad sobre esos mismos hechos, que ha de ser incorporado a la sentencia que pronuncie el magistrado que los preside, mediante juicio público en las Audiencias Provinciales -y Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo si se tratan de aforados investigados-. En ese contexto, “los jurados no tienen en cuenta para nada el sumario, no juzgan sino por lo que ven en el juicio, y si bien es cierto que pueden tener en cuenta los elementos de juicio aportados al sumario, esto es de un modo supletorio, porque la misma ley da una mayor importancia a todo aquello que se presencia durante el juicio oral, que a actuaciones escritas en el periodo sumarial” (PALACIOS Y HERRANZ, MIGUEL Y ROMERO). De ahí que “el jurado es el único Tribunal que realiza de una manera completa el principio de la oralidad del juicio, porque lo contrario sería no practicar el juicio oral, sino instruir de una manera oral en el plenario, el procedimiento escrito” proveniente del sumario (PALACIOS Y HERRANZ, MIGUEL Y ROMERO).

Desde el punto de vista “orgánico” y “funcional” el Tribunal del Jurado que se regula en la vigente ley del jurado con su cuarto de siglo de vigencia, se conecta con la tradición juradista española que arranca de la ley del jurado de 1888 en la que se tipificaba un modelo de juradismo cercano al modelo anglosajón y alejado, aunque no tanto, del escabinadismo al tener que emitir el jurado un veredicto según el objeto que del mismo les haya propuesto el magistrado que lo preside.

Bibliografía:

GASCÓN INCHAUSTI, F., y SÁNCHEZ LÓPEZ, B., Independencia judicial y formación de los jueces: un vínculo difuso, en La independencia judicial: un constante asedio. Marcial Pons. 2019, pág. 77.

DE LA OLIVA SANTOS, A. Lecciones de Derecho Procesal. I Introducción. Barcelona 1982, pág. 87, 88.

HABSCHEID, W. J. Droit judiciaire privé suisse. Genève 1975, pág. 103.

NIEVA FENOLL, J. La ciencia jurisdiccional: novedad y tradición. Marcial Pons. Madrid 2016, pág. 62. 

LORCA NAVARRETE, A. Mª., El jurado: experiencias y futuro en el décimo aniversario de la Ley del Jurado (1995-2005). La práctica adversarial del proceso penal ordinario de la Ley del Jurado en la más reciente teoría y jurisprudencia. Edición Instituto Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián 2005, pág. 383.

LORCA NAVAVRRETE, A. Mª., Poder Judicial, Administración del Poder Judicial, Postulación y Justicia. Edición Instituto Vasco de Derecho procesal. San Sebastián 2019, pág. 118.

PALACIOS Y HERRANZ, Q. y MIGUEL Y ROMERO, M. Tratado de procedimientos judiciales, Madrid-Valladolid 1925, pág. 166.

VÉLEZ RODRÍGUEZ, E. Jurados: el sentido común y la prueba circunstancial, en Revista vasca de derecho procesal y arbitraje, 2, 2016, pág. 269 y ss.

 

Autor del comentario de doctrina: Antonio María Lorca Navarrete. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco. El comentario de doctrina forma parte del libro: Poder Judicial, Administración del Poder Judicial, Postulación y Justicia. En concreto, de su Capítulo IV (página 118) con ISBN: 978-84-949459-3-9 y formará parte del libro 90 CUESTIONES CLAVES QUE PERMITEN OPINAR DEL JURADO, de próxima publicación. Scientific CV: https://orcid.org/0000-0003-3595-3007