CONTENIDO DEL VEREDICTO DEL JURADO (Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO)

Una de las cuestiones que, con cierta virulencia, se han planteado en el estudio de la ley del jurado es la relativa a qué elementos de convicción han de atender el jurado (art. 61.1. d) de la ley del jurado) al pronunciar su veredicto.
Desde el momento mismo en que se promulga la ley del jurado en 1995 se ha querido ver, en los elementos de convicción del jurado, su “punto débil”; algo así como el “talón de Aquiles” en el que los pertinaces dardos de quienes no creen en demasía en el nuevo proceso penal ordinario que se instaura con la ley del jurado harían postrar, sucumbir o finalmente fenecer el juradismo reinstaurado en 1995.
 
El paquete doctrinal que se alinea en ese ámbito argumentativo no es, en modo alguno, de contornos epidérmicos. Muy al contrario, es sumamente incisivo y escasamente polisémico. Es decir se muestra con nula o escasa porosidad o apertura a la extraordinaria riqueza conceptual que poseen, sobre todo en la jurisprudencia, los elementos de convicción que ha de asumir el jurado. La incomprensión del ámbito aludido, quizá o seguramente, resulte determinante para que algunos aludan a la necesidad de buscar fórmulas [que no serían ni las que adopta la ley del jurado de 1995] que permitan, al menos, reducir el tremendo impacto -se dice- que en relación con ciertos delitos producen algunos veredictos.
 
Y tras lo apuntado se hila otra consecuencia no menos importante proveniente de la idea concerniente a que los elementos de convicción que han de atender el jurado (art. 61.1. d) de la ley del jurado) al pronunciar su veredicto se ubican en un sistema jurídico como el del civil law -como lo es el español- tan proclive a la conceptualización y a la sistematización como trasfondo de una supuesta racionalidad jurídica. 
 
Por lo mismo que no es de extrañar que en ese sistema de civil law, se dispense una copiosa problemática relativa a la justificación del veredicto y que ha dado lugar a sobradas “doctrinas” prestas para salir al “combate conceptual”.
Ahora bien, puesto que el objeto de mi estudio consiste en contrastar ideas y no en buscar la confrontación (dialéctica, claro) con personas, me tomaré la licencia de confeccionar, una vez más, una serie de razonamientos, aunque el constructo resultante no sea finalmente el retrato de nadie. No obstante, como poderosa suele ser la tentación de caricaturizar las opiniones no compartidas para así zurrarlas más a modo, adoptaré la precaución de respetar al máximo -en tanto no resulte desproporcionadamente oneroso- la literalidad con que se visten las ideas susodichas.
 
El punto primario -por ahora- en el que se desmiga mi enfoque gira en torno a la idea consistente en que los elementos de convicción -o “según conciencia” (artículo 741 de la ley enjuiciamiento criminal de 1882)-, en los que se ha de justificar el veredicto del jurado, es una de las cuestiones más enriquecedoras y claves para comprender la reinstauración de la “participación ciudadana en la Administración de justicia mediante la institución del Jurado” (artículo 125 de la Constitución) en la medida en que ha supuesto retomar y potenciar la formula juradista contenida en el artículo 741 de la ley enjuiciamiento criminal de 1882según la cual el jurado “apreciando según su conciencia la pruebas -evidencias- practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa ...” ha de pronunciar su veredicto.
 
Por lo pronto, surge como indiscutido que, tanto los Tribunales constituidos con jurados como los no constituidos con jurados, deben actuar “según conciencia” (artículo 741 de la ley enjuiciamiento criminal de 1882) -o, atendiendo a sus elementos de convicción-. Y, en el caso de Tribunales con jurados, el artículo 61.1. d) de la ley del jurado lo dice bien claro: los jurados han de expresar los “elementos de convicción” que han tenido en cuenta para pronunciar el veredicto.
 
Por tanto, a fin de que las “cosas” queden puestas en su punto y ante la propuesta de matrimoniar los artículos 741 de la ley enjuiciamiento criminal de 1882 y 61.1. d) LJ respectivamente, me vienen pintiparadas las indicaciones del ponenteMONTERDE FERRER para quien “la problemática de la motivación” del veredicto basado en la infracción del artículo 61.1 d) de la ley del jurado se ha ofertado “más como una cuestión formal de la densidad de la exposición del razonamiento, que como un control racional del razonamiento mismo”. Pero, no. Según el ponenteMONTERDE FERRER “debe tenerse en cuenta que en realidad [la exigencia de motivar el veredicto por el jurado], no es sino un medio para garantizar la exclusión de la arbitrariedad en el sentido del art. 9.3 CE porque -dice el ponente- el ciudadano enjuiciado no puede tener menos garantías al respecto que en cualquier otro proceso, sin perjuicio de una menor exigencia formal expositiva, acorde con la ausencia de profesionalidad de los integrantes del jurado”.
 
Y embalado con semejante iter discursivo, el ponenteMONTERDE FERRER pareciera dar un golpe de mazo y asevera: “lo esencial no es saber si el veredicto debe contener más o menos información, sino si la información que proporciona permite comprobar en vía de recurso, la racionalidad de la decisión”. Indicaciones que, sin rubor alguno y sin añadir un ápice de cosecha propia, son asumidas por el ponente MARTÍN PALLÍN.
 
Bibliografía:
 
LORCA NAVARRETE. A. Mª. El veredicto del jurado. Publicaciones del Instituto Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián 2012, pág. 225.
 
MARTÍN PALLÍN, en Comentario, en Revista vasca de derecho procesal y arbitraje, 3, 2014, § 141, pág. 99.
 
MONTERDE FERRER, en A. Mª. Lorca Navarrete. Jurisprudencia comentada de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el proceso penal con Tribunal del Jurado. Estudio procesal penal de las sentencias y autos del Tribunal Supremo sobre el proceso penal con Tribunal del Jurado a partir de su reinstauración en 1995. Volumen V. Año 2004. Publicación del Instituto Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián 2015, pág. 335 y 336.
 
MONTERDE FERRER, en A. Mª. Lorca Navarrete. Jurisprudencia comentada de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el proceso penal con Tribunal del Jurado. Estudio procesal penal de las sentencias y autos del Tribunal Supremo sobre el proceso penal con Tribunal del Jurado a partir de su reinstauración en 1995. Volumen VI. Año 2005. Publicación del Instituto Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián 2017, pág. 314.
 

Autor del comentario de jurisprudencia: Antonio María Lorca Navarrete. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco (España). 

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